HOY, 27 de Mayo de 2012



    Rey revela que 755 militares se encuentran procesados por luchar contra terroris

    Reveló que general Juan Rivero Lazo, lleva nueve años detenido sin sentencia y que la norma que otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas la firmó Toledo

    Lima, jun. 14 (ANDINA). El ministro de Defensa, Rafael Rey, expresó hoy su preocupación por el incremento de las denuncias contra militares por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo, e informó que actualmente 755 se encuentran denunciados ante el Poder Judicial y el Ministerio Público.

    Al realizar un balance de la situación jurídica de este personal, refirió que solo el año pasado se registraron 30 denuncias más, y que la cifra de 369 procesados que maneja la Defensoría del Pueblo está desactualizada.

    Cuestionó la demora en el tratamiento judicial de estos procesos, al mencionar que siete militares denunciados ya fallecieron y otros aun no concluyen, como el caso del general Juan Rivero Lazo, que lleva nueve años detenido sin sentencia.

    Criticó a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), por asumir una actitud intolerante con los militares, pues desconocen su presunción de inocencia.

    En conferencia de prensa, dijo que los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera afirman respetar la presunción de inocencia de los uniformados, pero apenas sale una sentencia exculpatoria, inmediatamente acusan al tribunal en referencia de parcializado y buscan presionar para rectificar la sentencia.

    “Son ellos los que desinforman y manipulan a la población” afirmó, al señalar que dichos abogados también se equivocan cuando dicen que no hay decenas de militares procesados, cuando las cifras demuestran lo contrario.

    “No respetan la inocencia, suponen siempre la culpabilidad, y cuando no les dan la razón, suponen que el Poder Judicial está parcializado”, anotó, al señalar que se trata de organizaciones que se han constituido en la parte civil de los procesos.

    De otro lado, el titular de Defensa rechazó que su portafolio esté ocultando información a la justicia.

    Aclaró que nunca fue requerido por la justicia para informar por el caso de Putis, pero si lo hubieran hecho, habría dado la misma respuesta que en su momento dieron sus antecesores Ántero Flores Aráoz y Allan Wagner, en el sentido que no existe documentación al respecto.

    Rey señaló que las ONG de derechos humanos descartan una persecución contra militares, y que se solo denuncias casos concretos, pero explicó que al defender la tesis del dominio del hecho y el autor mediato, sus denuncias se dirigen a toda la línea de mando, y terminan involucrando a muchos inocentes.

    No impunidad

    De otro lado, el titular de Defensa descartó que de parte del Ejecutivo exista alguna intención de consagrar la impunidad de militares procesados, a propósito de la delegación de facultades dadas al Ejecutivo para legislar en materia de justicia militar y uso de la fuerza.

    Consideró un “prejuicio” de algunos activistas de ONG que hablen de impunidad, cuando aún no se conocen las normas.

    No habrá ningún tipo de impunidad, solo se trata de adecuar la ley a las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, subrayó.

    Adelantó que en la elaboración de las normas contarán con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, precisamente para garantizar que esta legislación esté acorde con el derecho humanitario.

    Rey opinó que las muertes producidas por militares en enfrentamientos en zonas de emergencias, deben ser consideradas delito de función, y juzgadas en el fuero militar.

    En rueda de prensa, Rey cuestionó que el ex presidente Alejandro Toledo deslice la afirmación que en el primer gobierno del Apra se ayudó a la construcción del túnel por donde fugaron los terroristas del MRTA.

    Recalcó que con esta aseveración busca desmarcarse de su responsabilidad en la liberación de la norteamericana Lori Berenson.

    Rey mencionó que la norma que otorgó beneficios penitenciarios a los terroristas la firmó Toledo y todo su gabinete, al tratarse de un decreto legislativo, y que el ex mandatario no debería sentirse amenazado porque se trata de una cuestión objetiva.

    Sobre la posibilidad que otros terroristas también obtengan su libertad, recomendó a las autoridades del Inpe determinar si existe un verdadero arrepentimiento en los sediciosos y que no volverán a la violencia.

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