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Jefe de Gabinete anuncia levantamiento de huelga de estibadores portuarios

Trujillo, nov. 29 (ANDINA).- El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anunció esta tarde la el levantamiento de la huelga de los estibadores portuarios, tras la suscripción de un acta de compromiso entre trabajadores y empresarios.

Indicó que, a partir de estos momentos, se iniciará las labores de carga y descarga de los navíos ubicados en el puerto del Callao.

"Doy fe de la buena voluntad de los trabajadores y de un importante sector de empresarios serios y formales", dijo en comunicación telefónica con RPP.

El jefe de Gabinete explicó que el acta firmada entre los trabajadores estibadores y las principales empresas se acordó tratar directamente la solución de los reclamos de orden salarial y condiciones de trabajo.

"Deben haber acuerdos laborales entre las empresas y sus trabajadores y se velará para que se haga de inmediato", sentenció.

Además, descartó que el gobierno vaya a imponer represalias para los trabajadores que participaron en la huelga portuaria.

El presidente del Consejo de Ministros recalcó que al Estado le interesa promover las buenas prácticas empresariales, pues éstas influyen en el trato digno al trabajador y, por ende, fomentan las exportaciones.

"Al Estado le interesa ver no solo la parte salarial, sino que las condiciones de trabajo sean dignas. (…) Los que nos compran también están mirando como tratamos al sector laboral", puntualizó.

Nakazaki: Diferentes versiones de Fujimori en caso Allanamiento responden a estrategias de defensa d

Lima, nov. 29 (ANDINA).- El abogado, César Nakazaki, sostuvo hoy que la defensa que aplicaron los abogados chilenos, Gabriel Zaliasnik y Francisco Veloso, para evitar la extradición, es “totalmente distinta” a la que usará en el Perú para evitar que el ex presidente Alberto Fujimori sea condenado.

De esta manera justificó las distintas versiones que dio su patrocinado a la justicia de Chile, ante la cual afirmó no haber ordenado el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, mientras que en el Perú dice todo lo contrario, y asume su responsabilidad.

“La defensa en el proceso de extradición es totalmente distinta a la defensa en el proceso penal. La primera lo único que buscaba era que se declare improcedente la solicitud de extradición, no analiza si la persona es inocente o culpable, si es autor, cómplice o inductor, en cambio la defensa penal que se desarrolla en un proceso tiene otras exigencias”, manifestó.

Agregó que la defensa que el ex presidente está desarrollando en los procesos penales en el Perú contra las imputaciones de violaciones a los derechos humanos y corrupción es totalmente distinta a la que se desarrolló en el proceso de extradición.

En la víspera, el jefe de la Procuraduría Anticorrupción, Carlos Briceño, sostuvo que Fujimori “mintió” a la justicia de Chile al negar responsabilidad en el proceso de extradición por el caso ‘Allanamiento’.

Señaló que Fujimori, para evitar ser extraditado al país por la justicia chilena, afirmó no haber dado la orden para ingresar de manera ilegal a dicha vivienda; sin embargo, en el juicio penal que se le inició en el Perú, dice todo lo contrario y asume su responsabilidad.

Al respecto, Nakazaki sostuvo que Fujimori ha dicho su verdad a la justicia peruana para acogerse al beneficio de la confesión sincera, para que así se le reduzca la pena de prisión que pide la Fiscalía, que es de siete años.

“Nuestra ley es muy clara, donde se tiene que dar la confesión sincera, no es en el proceso de extradición, sino en el propio proceso penal, y esto se puede ser en la instructiva y en la primera audiencia en el juicio oral”, indicó.

Señaló que el vocal instructor de la Corte Suprema, Pedro Urbina, quien sigue adelante este juicio sumario, no puede tomar en cuenta ambas versiones, sino sólo la que Fujimori dio a la justicia peruana, antes de emitir su sentencia.

En este caso, el ex mandatario es procesado por el delito de usurpación de funciones por presuntamente haber ordenado y dirigido el allanamiento a casa de Trinidad Becerra, para ‘incautar’ supuestas pruebas que demostrarían la red de corrupción de su gobierno, con el pretexto de capturar a su entonces asesor Vladimiro Montesinos.