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Dos mil 206 terroristas declarados culpables han sido excarcelados, asegura Sousa

Por Nancy Miller

Lima, nov. 29 (ANDINA).- Dos mil 206 terroristas que ganaron su libertad en los últimos años, gracias a indultos, cumplimientos de condenas, conmutación de penas y otras razones, sí eran culpables y fueron sentenciados como tales. Así lo advirtió ayer el congresista del fujimorismo Víctor Rolando Sousa.

Dos de los terroristas detenidos recientemente en Aucayacu ya habían estado en prisión acusados de subversión.
–Esa es una de las razones por las cuales coincidimos con el Presidente de la República cuando dijo que se debía hacer seguimiento a los terroristas liberados. Estamos de acuerdo más allá de los números, porque allí tenemos alguna discrepancia.

¿En qué se basa esa discrepancia numérica?
–En realidad, de los tres mil 84 excarcelados, según cifra que obtuve de la Sala Penal Antiterrorista, dos mil 206 en total eran culpables y habían sido condenados como tales, ahora ellos han ganado las calles de distintas maneras. Un grupo por indulto, otro por cumplimiento de penas, algunos por conmutación de la condena; pero, ciertamente, todos fueron condenados como culpables.

¿En el caso de estas dos mil 206 personas sí es legítimo publicar sus nombres?
–En el caso de los culpables condenados sí, porque si es posible publicar las sentencias y se establece que éstas son públicas, entonces con mayor razón se puede mostrar esa relación de nombres. Los que no pueden aparecer por ningún motivo son los absueltos.

Pero, ¿qué es lo que pasa con los indultados?
–Sucede que cuando las personas han sido sancionadas, con posterioridad gozan del principio de presunción de inocencia, lo cual es cierto, pero siempre que tengan una rehabilitación.

¿Alguien podría decir que los terroristas excarcelados han sido rehabilitados?
–Es que no existe una rehabilitación o un seguimiento de ese proceso de reinserción a la sociedad.

¿Qué se puede hacer?
–He propuesto que en el Perú se aplique una normatividad similar a la denominada ley “el patriota”, que existe en Estados Unidos, y que se creó como consecuencia de los atentados del 11 de setiembre.

¿Qué es lo que dice esta norma, específicamente?
–Se trata de la ley 107 de Estados Unidos, en cuya sección 812 se habla de la vigilancia de terroristas con posterioridad a su excarcelación, estableciendo que la misma se puede dar en cualquier período de años o de por vida.

Reglas claras de conducta
El congresista Víctor Sousa dijo ayer que uno de los problemas que se suscitan con la excarcelación de los sentenciados por terrorismo reside en que no existe un organismo que se encargue de vigilar las reglas de conducta que deben observar los liberados.

Dijo que una consecuencia directa de ello es lo que se ve ahora con terroristas que estuvieron en prisión sentenciados por subversión, y que tras ganar su libertad reincidieron.

También, cuestionó a la ministra de Justicia, María Zavala, por declarar que la publicación de la lista con los nombres de los terroristas excarcelados sería inconstitucional. “Ello no es así.”

De interés
Datos adicionales

1) El indulto implica que el Estado tuvo la capacidad de establecer que el beneficiado ya estaba rehabilitado.

2) De los tres mil 84 excarcelados, 800 fueron absueltos al no hallarse pruebas en su contra.

3) Un buen número de excarcelados salió en libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena impuesta.

4) Hay 574 excarcelados que cumplieron con la pena impuesta.

5) Sousa planteó la creación de un fondo para hacerles el seguimiento a los excarcelados.

Archivan denuncia contra congresistas que irrumpieron en el Congreso en debate del TLC

Lima, nov. 28 (ANDINA).- La Comisión de Ética Parlamentaria acordó hoy enviar al archivo el caso de los siete congresistas que irrumpieron violentamente el hemiciclo del Congreso de la República en junio del año pasado cuando se debatía la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Dicho grupo de trabajo, no obstante, expresó su “firme desaprobación” a la actitud que asumieron los entonces legisladores electos de las filas del Partido Nacionalista.

La Comisión, que preside la congresista Elizabeth León (NUPP), lamentó que no se pueda aplicar sanción alguna contra los denunciados por el vacío legal existente en torno a si, en la fecha de los hechos, eran congresistas o simplemente ciudadanos electos como tales.

En la reunión se recordó que sobre ese vacío la Comisión de Ética había solicitado la opinión de la Comisión de Constitución, pero ésta no se pronunció pese al tiempo transcurrido.

Por ello, a propuesta de Luis Galarreta (UN) y Martha Hildebrandt (GPF), se acordó desestimar el predictamen que proponía una “amonestación pública escrita”, archivar el caso, dejar sentada su desaprobación a la conducta de los legisladores y lamentar que la Comisión de Constitución no se haya pronunciado al respecto.

El pedido de una sanción de carácter ético alcanzaba a Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Martha Acosta, Álvaro Gutiérrez, Miro Ruiz, Werner Cabrera, Hilaria Supa y Gloria Ramos, aparte de la legisladora andina Elsa Malpartida.

De otro lado, la Comisión de Ética acordó abrir un proceso investigatorio contra la congresista Yaneth Cajahuanca Rosales (GPN) por supuestamente haber contratado como asesor de su despacho a un vendedor de gas de su natal Huánuco, conforme lo denunciara un programa periodístico.

También desestimó y envió al archivo la denuncia presentada por el director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Carlos Vigil, contra José Maslucán Culqui (GPN), por denuncias presentadas por el congresista contra el galeno por supuestas deficientes diligencias médicas.

Igualmente, desestimó el pedido de la congresista Karina Beteta Rubín (NUPP) para que se abriera una investigación por las denuncias periodísticas de haber defendido a un narcotraficante hace varios años, cuando ejercía su profesión de abogada.

Pese a ello, la congresista pidió una reconsideración del acuerdo e insistió en que se le investigara para dejar bien establecida su honorabilidad.

Sobre el tema, Víctor Andrés García Belaunde (AP) recordó que la Comisión no podía abocarse a investigar a congresistas por su comportamiento de hace diez o quince años, con la única finalidad de otorgarle “un certificado de buena conducta”, pues en tales casos estaba expedita la vía judicial para hacer valer los derechos supuestamente violados.

La reconsideración de la congresista será debatida en la próxima sesión.