HOY, 27 de Mayo de 2012



    Gobierno justifica suspensión de erradicación de cultivos de coca

    Gana Perú dice que política aplicada por gobierno anterior fue un fracaso y que se suspendió erradicación de cultivos ilegales de coca mientras se estudia qué hacer

    Lima, ago. 17 (ANDINA). Mantener una política que fracasó en el gobierno aprista, con el crecimiento de los cultivos ilegales de hoja de coca, significaría consolidar el narcotráfico en Perú, afirmó hoy el vocero de Gana Perú, Fredy Otárola.

    Dijo que por esta razón se decidió suspender, momentáneamente, la erradicación de los cultivos ilegales, para elaborar nuevas estrategias, sin ceder ni un centímetro frente al narcotráfico.

    Garantizó que el gobierno del presidente Ollanta Humala continuará adelante, de manera indeclinable, firme y honesta, en la lucha contra el tráfico de drogas.

    “Comentamos un hecho real, durante el gobierno aprista se incrementó considerablemente el cultivo de hoja de coca, es decir, fracasó; entonces, mantener el mismo fracaso implica consolidar el narcotráfico en Perú”, aseveró.

    En su Mensaje a la Nación, el presidente Ollanta Humala enfatizó que Perú aplicará una política antidrogas soberana, inflexible en el control de insumos químicos y el combate al narcotráfico, y reclamará que se haga realidad el principio de responsabilidad compartida.

    Perú es uno de los países andinos con mayor área de cultivo de hoja de coca, principal insumo para la elaboración de cocaína, que aumentó en los últimos años, según organismos internacionales.

    El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reveló que la superficie de estos cultivos creció en 2010 por quinto año consecutivo y alcanzó las 61,200 hectáreas.

    “Se están revaluando los planes y no vamos a ceder ni un centímetro frente al narcotráfico”, recalcó.

    Por otro lado, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, ratificó que se impulsará la aprobación de las iniciativas sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos, la consulta previa y aspectos relacionados con la inclusión social.

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