HOY, 27 de Mayo de 2012



    Aprueban imprescriptibilidad de delitos graves de corrupción

    La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción de funcionarios públicos

    Lima, set. 20 (ANDINA). La Comisión de Constitución del Congreso aprobó hoy el proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción de funcionarios públicos, iniciativa que incluye, además, sanciones para las corruptores.

    “Damos el primer paso para evitar más impunidad, por eso se plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para que los delitos graves (de corrupción) sean imprescriptibles”, manifestó el presidente del grupo de trabajo, Freddy Otárola.

    Explicó que el dictamen también establece que en adelante la sanción impuesta a los corruptos sea igual al de los partícipes de esos actos, “lo cual constituye una innovación porque las penas para los corruptores son leves”.

    El dictamen propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.

    Otárola exhortó a las bancadas parlamentarias a tomar conciencia de la importancia de aprobar la norma en el Pleno del Congreso, debido a que su archivamiento sería “desastroso”.

    Recordó que para convertir en ley esta norma se necesita el respaldo de 87 legisladores en el pleno del Congreso, y además que sea aprobada en dos legislaturas ordinarias.

    Javier Diez Canseco, de Gana Perú, opinó que los delitos contra el patrimonio del Estado deben recibir el mismo tratamiento constitucional que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de violación sistemática de los derechos humanos,

    El dictamen fue aprobado por mayoría con la abstención de los congresistas del Grupo Parlamentario Fujimorista y de la Alianza por el Gran Cambio.

    El legislador Javier Bedoya de Vivanco sostuvo que se abstuvo no porque se oponga a ser firmes en la lucha contra la corrupción, sino porque considera que se deben adoptar mecanismos más adecuados para ese objetivo.

    La congresista fujimorista Luz Salgado manifestó que hizo lo mismo por considerar que la norma requiere un mayor análisis, porque existe –dijo- el riesgo de provocar una sobrecarga judicial que agravará el problema de la administración de justicia.

    En el debate no prosperó la observación formulada por el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Beingolea, para que lo que se declare imprescriptible sean los procesos judiciales y las penas; más no los delitos en sí mismos.

     

    Descartan que sea inconstitucional declarar imprescriptibles delitos de corrupción

    Lima, set. 20 (ANDINA). La propuesta de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción es constitucional y no afectará los derechos fundamentales de los procesados, señalaron hoy los ex presidentes del Tribunal Constitucional (TC), Javier Alva Orlandini y Víctor García Toma.

    Alva Orlandini explicó que el dictamen aprobado hoy en la comisión de Constitución del Congreso, no vulnera ningún derecho pues se trata de una modificación constitucional que se aplicará para los casos que se presenten una vez que la norma se convierta en ley.

    Destacó, asimismo, que con este cambio, los delitos graves de corrupción en el aparato estatal no volverán a quedar impunes, como ocurría en el pasado.

    “Los delitos de corrupción en el Estado tienen que ser perseguibles en el tiempo para que los corruptos no queden sin castigo”, declaró a la Agencia Andina.

    Consideró que los congresistas que se oponen a esta norma deben reflexionar sobre la importancia de esta medida para luchar contra la corrupción y recomendó que se realice un debate amplio del dictamen cuando sea visto en el pleno del Congreso.

    Por su parte, García Toma señaló que la propuesta de imprescriptibilidad es perfectamente constitucional porque modifica la figura de la prescripción para determinados delitos, como se hizo en su momento con los de lesa humanidad.

    Estimó, sin embargo, que existen otros mecanismos que pueden ser más efectivos para combatir a la corrupción, como impulsar, por ejemplo, una efectiva reforma judicial que permita una mayor celeridad en los procesos.

    “Rescato del proyecto la buena voluntad de luchar contra la impunidad, pero para ello se requiere hacer un trabajo integral. El proyecto no es inconstitucional, pero puede ser inadecuado sino se toman medidas complementarias en el tema judicial”, manifestó.

    Según un informe del Grupo de Trabajo contra la Corrupción, un total de 150 procesados por corrupción se acogieron al beneficio de la prescripción en la última década.

    De acuerdo a estimaciones de la Contraloría General de la República, el Estado peruano pierde unos 6,000 millones de nuevos soles por corrupción, cifra que representa el 10 y 15 por ciento de las compras y adquisiciones gubernamentales.

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