HOY, 27 de Mayo de 2012



    Once policías y ocho civiles muertos tras enfrentamientos en Bagua

    Lima, 5 de junio. Contingentes de la policía peruana desalojaron violentamente a indígenas que bloqueaban una carretera en Bagua, departamento de Amazonas, con apoyo de helicópteros, lo que dejó un saldo de unos 19 muertos y 109 heridos, y desató en la ciudad de Bagua una serie de desórdenes, quema de edificios públicos y saqueos.

    Entre las víctimas hay 8 nativos y 11 policías, en enfrentamientos que ocurrieron durante una protesta de etnias de cinco departamentos que reclaman la derogación de leyes que –según las organizaciones indígenas– vulneran sus territorios y medio ambiente, en relación con la explotación de recursos petroleros en beneficio de empresas trasnacionales.

    En este contexto y sin descartarse una crisis de gabinete, según analistas, el gobierno se disponía a decretar el toque de queda en Bagua y otras localidades de la región. El canciller José García Belaúnde, al anunciar la medida dijo que el objetivo es crear un clima de calma para retomar el diálogo, que con violencia y ataques a la propiedad privada no es posible.

    “Yo quiero responsabilizar al gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio. Ellos nos están tirando balas como animales”, dijo el líder de los nativos de la zona, Alberto Pizango, en conferencia con la prensa extranjera. Añadió que, según informes recibidos desde la zona de conflicto, hay 22 nativos muertos tras los choques con la policía, que realizó disparos desde un helicóptero.

    Las autoridades locales en Bagua hablaban de sólo once civiles muertos y confirmaron que once policía también fallecieron.

    La ministra de Interior, Mercedes Cabanillas, describió la situación en Bagua como “un caos; han quemado locales públicos, no hay autoridad del gobierno regional, vamos a recomendar la aplicación del toque de queda”, ante la reacción enfurecida de los pobladores luego del desalojo violento.

    En tanto, el presidente Alan García justificó la acción de la policía como parte de las atribuciones para velar por el orden y la seguridad. Durante un acto público afirmó que “llegó el momento de abrir las carreteras, los ríos y asumir las responsabilidades”, en respuesta a las protestas de unas 65 etnias que desde el 9 de abril comenzaron sus movilizaciones.

    Añadió que su gobierno ha tenido “mucha serenidad y frialdad, pero cuando se dice vamos a bloquear y a cortar el gasoducto, que dejaría sin luz a todos los peruanos, qué puede hacer el gobierno sino actuar con energía para poner orden”. Sostuvo que detrás de la protesta hay intereses ideológicos nacionales e internacionales de los “enemigos del desarrollo”.

    Miles de nativos iniciaron su protesta en abril para exigir la eliminación de leyes aprobadas por el gobierno de Alan García, que buscan mayor inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas. Fue una huelga focalizada en los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.

    Las protestas han obligado a la empresa estatal Petroperú a cerrar temporalmente el único oleoducto que transporta crudo de la selva norte hasta la costa del Pacífico. Asimismo, la argentina Pluspetrol detuvo su producción en el norte del país debido a la falta de capacidad de almacenamiento.

    El presidente García lamentó las muertes y acusó a los dirigentes de los nativos de provocar a la policía en el momento de despejar las carreteras bloqueadas, protesta que según dijo tiene el apoyo de políticos opositores. Incluso su canciller García Belaúnde acusó a los indígenas de haber atacado a la policía con armas de fuego durante los enfrentamientos.

    Pero Pizango y los líderes que lo acompañaban en una rueda de prensa en Lima, aseguraron que sus compañeros carecen de armas de fuego y que la protesta ha sido en todo momento pacífica, y no descartaron que los policías, al disparar simultáneamente desde distintos puntos, murieron por balas disparadas por ellos mismos.

    El dirigente indígena atribuyó el “genocidio” al presidente García, a la ministra Cabanillas y al líder del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, éste último por no permitir el debate en el Legislativo de los decretos cuya derogación exigen los nativos y luego de que los intentos de diálogo no han prosperado y prevalece la situación en impasse.

    El Congreso, con mayoría oficialista, suspendió ayer la discusión para derogar la Ley Forestal y Fauna Silvestre, que según el gobierno regula la inversión privada en el sector. Decretos firmados por el gobierno entre 2007 y 2008, que además relajan los controles sobre la explotación de minerales, maderas, agricultura y explotación petrolera, que incluye la entrega de lotes a trasnacionales.

    Pizango, denunció que la matanza de hoy a manos del gobierno forma parte de “un plan de entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras, que incluye privatizar nuestras tierras”.

    Analistas afirman que el conflicto podría provocar la renuncia del primer ministro Yehude Simón, con lo cual se generaría una crisis en el gabinete de García.

    “Probablemente lleve a Simón a renunciar porque su política de diálogo ha fracasado indudablemente”, dijo el sociólogo Sinesio López, de la Universidad Católica.

    El director de la policía nacional, José Sánchez Farfán, informó que 639 policías chocaron con las etnias en la zona Curva del Diablo cuando buscaban desbloquear una carretera en Bagua Grande, en la región de Amazonas.

    Dijo que en la zona protestaban unos 2 mil indígenas y que los uniformados fueron atacados con armas de fuego.

    El líder opositor, el nacionalista Ollanta Humala, rechazó las acciones del gobierno en la localidad de Bagua. “El gobierno ha decidido resolver el problema social, económico y político, no en el Congreso, sino en el campo de batalla”, dijo en rueda de prensa.

    La Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos exigieron al gobierno detener los enfrentamientos en Bagua, donde según la policía continuaban esta noche los choques, lo que obligó al cierre de todos los negocios en la zona.

    Por último, un grupo de 38 policías fue secuestrado por unos mil indígenas en la selva norte de Perú y han amenazado con matarlos, informó Yehude Simón.

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